La actualización catastral en Colombia es una realidad que ya se siente en el Tequendama
En municipios de la provincia del Tequendama —como La Mesa, Anapoima o Tena— hay una inquietud que ya dejó de ser conversación ocasional para convertirse en preocupación cotidiana. El recibo del predial llegó más alto de lo esperado y, con él, una pregunta que se repite: ¿qué fue lo que cambió?
La respuesta está en la actualización catastral en Colombia, un proceso que busca poner al día el valor de los predios, pero que en la práctica ha terminado golpeando el bolsillo de miles de familias que no estaban preparadas para un ajuste de este tamaño.
Qué es la actualización catastral en Colombia y por qué se hizo
Durante décadas, el país convivió con un sistema desactualizado. Muchas propiedades estaban registradas con valores que no correspondían a la realidad. Fincas productivas, casas en zonas turísticas y terrenos con alto potencial seguían apareciendo en los registros oficiales con cifras muy por debajo de su valor real.
La actualización catastral en Colombia busca corregir esa distorsión. La idea es simple: que el valor oficial de la tierra se acerque al valor del mercado. Con eso, el Estado puede planear mejor el territorio, distribuir de forma más equitativa los impuestos y reducir la informalidad en la propiedad, especialmente en zonas rurales.
En el papel, el objetivo es razonable. El problema ha sido la forma en que se llevó a cabo.
El impacto del ajuste se sintió duro en la región
En la Provincia del Tequendama, donde conviven economías rurales, turismo y pequeñas propiedades familiares, el cambio no fue gradual. Para muchos habitantes, el nuevo avalúo significó multiplicar varias veces el valor registrado de su predio.
Ese aumento, por sí solo, no necesariamente sería un problema. Sin embargo, en Colombia el avalúo catastral es la base sobre la cual se calcula el impuesto predial. Y ahí es donde la situación se complicó.
El resultado fue inmediato; recibos con incrementos que, en algunos casos, resultan difíciles de asumir para familias cuyos ingresos no han cambiado.
Uno de los principales problemas de la actualización catastral en Colombia ha sido la falta de coordinación entre niveles del Estado. Mientras entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi avanzaron en la actualización de los avalúos, muchos municipios no ajustaron a tiempo las tarifas del impuesto predial.
Esa desarticulación produjo un efecto directo; avalúos actualizados combinados con esquemas tributarios antiguos. En la práctica, esto se tradujo en cobros más altos de lo previsto y en una sensación generalizada de descontrol.
A esto se suma una comunicación insuficiente. En muchos municipios, la gente no recibió información clara sobre qué estaba pasando, cómo se calculaban los nuevos valores o qué mecanismos existían para revisar su caso.
➤ Lee también: ¿Qué es el Catrastro Multipropósito?
Quiénes se oponen y por qué
El debate no es tan simple como parece. Aunque hay familias afectadas que enfrentan dificultades reales, también hay otro actor que ha tenido un papel importante en la oposición a la actualización catastral en Colombia.
Se trata de grandes terratenientes y acumuladores de tierra que, durante años, se beneficiaron de avalúos bajos. Para ellos, la actualización no solo implica pagar más impuestos, sino también perder una ventaja histórica basada en la subvaloración de sus propiedades.
En varias regiones del país, incluyendo zonas cercanas al Tequendama, existen predios extensos que han permanecido durante años con valores catastrales muy por debajo de su valor real. En algunos casos, incluso hay cuestionamientos sobre la legalidad de la tenencia de ciertas tierras.
También es conocido que dentro de estos sectores hay figuras políticas o personas con poder local que han consolidado grandes extensiones de tierra bajo condiciones que hoy están siendo revisadas. Para estos actores, la actualización catastral no resulta conveniente, porque expone lo que antes permanecía oculto en cifras desactualizadas.
Esto no invalida las preocupaciones legítimas de pequeños propietarios, pero sí muestra que el debate tiene capas más profundas de lo que parece a primera vista.
Aquí viene el choque con la realidad rural
Más allá de los actores involucrados, hay una tensión evidente en regiones como el Tequendama. El valor de la tierra ha aumentado, impulsado por factores como el turismo, la cercanía a Bogotá y la valorización del suelo rural.
Sin embargo, ese aumento no siempre se traduce en mayores ingresos para quienes viven allí. Muchas familias siguen dependiendo de economías tradicionales que no crecen al mismo ritmo que el mercado inmobiliario.
Esa desconexión entre el valor del predio y la capacidad de pago es una de las razones principales del malestar actual.
Y lo que llega es completamente inevitable
Todo indica que la actualización catastral en Colombia no se va a detener. Es un proceso necesario para el país. Sin embargo, lo ocurrido en regiones como el Tequendama deja una lección clara: no basta con actualizar cifras, hay que hacerlo con gradualidad, coordinación y sensibilidad social.
En los próximos meses es probable que se vean ajustes en tarifas, revisiones de avalúos y medidas para aliviar el impacto en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, el debate seguirá abierto, especialmente en torno a quién debe asumir realmente el costo de este cambio.
Porque, al final, la discusión no es solo técnica. Es una discusión sobre equidad, sobre el uso de la tierra y sobre quién ha pagado —y quién no— lo que le corresponde durante años.
➤ Lee también: Gentrificación en La Mesa. Cuando el pueblo deja de parecerse a su gente