Las justas causas de las manifestaciones en Colombia incluyen 8 reclamos ambientales en el paro nacional.
En el día de hoy 28 de mayo de 2021, el país cumple un mes de paro, que a todas luces no tiene cuando acabar. Tanto el gobierno como el comité del paro defienden sus posturas y no quieren dar su brazo a torcer, ni si quiera después del baño de sangre de las ultimas semanas y las denuncias de exceso de fuerza, violaciones a los derechos humanos, vandalismo y homicidios.
A las justas casusas que defienden los manifestantes, las organizaciones ambientales le suman una serie de reclamos que deben ser tenidas en cuenta para el futuro del país.
Los ambientalistas desean aprovechar este estallido social para hacer su parte y cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, donde la naturaleza es una víctima del mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales, y vulnera ecosistemas naturales, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes lo habitan.
Cuestionan los modelos económicos extractivistas y desarrollistas que pretenden implementarse, ahora utilizando como justificación la recuperación económica pospandemia.
Los movimientos ambientalistas aprovecharon esta coyuntura para presentar un pliego ambiental ante el Gobierno nacional, retomando algunos aspectos de lo planteado en 2019, dentro del cual destacan los siguientes puntos:
Los reclamos ambientales en el paro nacional
1. Proteger la vida e integridad de los defensores ambientales
Según un informe presentado por la organización internacional Global Witness, se presenta a Colombia como el segundo país mas peligroso para los defensores ambientales con 24 defensores ambientales asesinados, superado solo por Filipinas que sumaba 30 lideres asesinados.
A esta cifra se le suman los 300 lideres y defensores sociales e indígenas asesinados a cierre del año 2020. Personas que intentaron defender sus territorios de las manos criminales del narcotráfico, la minería ilegal, e incluso de intereses hoteleros en reservas naturales.
A lo anterior se añade además, una petición al Congreso a la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.
2. Prohibir la aspersión de glifosato
Una de las grandes apuestas del Gobierno nacional es la de retomar la fumigación de cultivos denominados ilícitos, con Glifosato; un herbicida desarrollado por la Multinacional Monsanto y que actúa a través de las hojas y que mata las plantas al inhibir sus procesos naturales de crecimiento y absorción de nutrientes.
Sin embargo este químico ha sido en varias ocasiones calificado como «Potencialmente cancerígeno para los humanos « por la Organización Mundial de la Salud.
Esta petición se da por la renuente intención del Gobierno de respetar dos puntos del acuerdo con las FARC, el Punto 1. REFORMA RURAL INTEGRAL y el Punto 4. SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, que permitan la dignificación de la labor y los proyectos de vida de quienes trabajan la tierra para la seguridad y soberanía alimentaria, a partir de prácticas agroecológicas, protegiendo las semillas como bienes comunes y reconociendo la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
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3. Detener la deforestación de la Amazonía
Según el mas reciente informe del Ideam sobre deforestación, entre enero y marzo de 2020 se deforestaron alrededor de 64.000 hectáreas de bosque en la región amazónica, especialmente en Caquetá (25.064 ha), Meta (24.288 ha) y Guaviare (14.417 ha).
Esto obedece en gran parte a la necesidad de las cada vez mas fortalecidas mafias de narcotráfico, minería ilegal, ganadería, agroindustria y palma africana de contar con tierras para sus operaciones.
Esta deforestación masiva sin control ni vigilancia total por parte de las autoridades pone en grave peligro la supervivencia del principal pulmón planetario, además de arriesgar la supervivencia de especies endémicas de animales y plantas que sería imposible sustituirlas.
Por si fuera poco, durante la cuarentena circularon panfletos de las disidencias de las Farc en los que les otorgan un “permiso” a los campesinos para acabar con los bosques (para el cultivo de hoja de coca). También amenazaron a funcionarios de Parques Nacionales, del Instituto Sinchi, de Visión Amazonia y de corporaciones autónomas.
4. Parar los proyectos de mega minería
Las asociaciones ambientalistas le exigen al gobierno declarar una moratoria a los proyectos de mega minería en el país, como los que se pretenden hacer en el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Suroeste Antioqueño, que generan impactos ambientales y sociales irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se viven actualmente en la explotación de carbón en La Guajira y Cesar.
A propósito de esto El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y el Comité para la defensa de los Cerros Orientales, llevan todo el mes adelantando manifestaciones en Santander.
5. Prohibir el Fracking
Uno de los reclamos ambientales en el paro nacional mas importantes a nivel medio ambiental con serias implicaciones económicas es la de prohibir el fracking, la explotación de yacimientos no convencionales y de nuevos yacimientos costa afuera; ya que el país depende casi enteramente de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía.
A esto se le suma el sustituir en el corto plazo la explotación de combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas termoeléctricas para avanzar hacia una transición a fuentes renovales y limpias de generación de energía que mitiguen los efectos del cambio climático y el calentamiento global.
6. Respetar la consulta previa con las comunidades
La Consulta Previa es un derecho fundamental, que se convierte en un trámite obligatorio que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten a las comunidades, las cuales pueden ser: a) Medidas administrativas como la expedición de una licencia ambiental para la explotación de recursos naturales y b) Medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o afecten a estos pueblos (Corte Constitucional, Sentencia T-382 de 2006).
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El día 12 de abril se realizó la Audiencia del Proyecto Ley #442 de 2020 con el que se pretende reglamentar la Consulta Previa. Organizaciones de Pueblos étnicos rechazan el PL porque pretende reglamentarla sin respetar ni garantizar este derecho fundamental y autónomo de pueblos étnicos.
7. Garantizar la protección integral del agua
La protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, quebradas, océanos, glaciares, páramos, etc) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios y rurales como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua.
8. Desescalar el avance de megaproyectos
Los grupos ambientalistas buscan a toda costa, el desescalamiento de megaproyectos hidroeléctricos, como el de Hidroituango, que generó no solo grandes afectaciones al medio ambiente al cortar de tajo el equilibrio de los ecosistemas del rio Cauca, sino también el desplazamiento de las comunidades que vivían y trabajaban en la ribera del rio.
También se busca cortar el avance de proyectos de turismo, navegabilidad, puertos e infraestructura, que puedan impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades de su entorno, como es el caso del Parque Tayrona donde inversionistas privados con influencia política en la costa atlántica pretende construir un Hotel en Bahía Concha dentro del Parque Natural.
